La decisión se produce tras una audiencia celebrada de forma virtual desde la Unidad 41 de Campana, en Argentina, donde el sacerdote intentó adelantar su libertad.

El Tribunal en lo Criminal N°1 de Morón decidió el jueves de manera unánime el rechazo al pedido de excarcelación del sacerdote padre Julio César Grassi, quien cumple una condena de 15 años de prisión en Argentina por delitos de abuso sexual infantil.

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Durante la sesión, Grassi solicitó la libertad condicional, argumentando que dispone de «contención familiar y económica». Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por demostrar su inocencia y su deseo de reintegrarse a la sociedad, la jueza aclaró que la resolución de mantener su condena intacta se alineó con la normativa vigente, estipulando que deberá cumplir su sentencia hasta mayo de 2028.

El abogado de las víctimas, Juan Pablo Gallego, expresó su firme oposición al otorgamiento de la libertad solicitada. 

«Trabajaremos incansablemente para que no recupere la libertad. El Código Penal establece que no hay lugar para dicho beneficio en este caso», afirmó Gallego, quien también detalló que el sacerdote no aceptó someterse a una pericia psicológica que podría haber arrojado luz sobre su perfil delictivo. 

«Queremos entender cómo asume sus actos de pedofilia, y su negativa a participar en las evaluaciones es preocupante», añadió.

El abogado también destacó la gravedad del informe carcelario que refleja la falta de adecuación del condenado para una eventual reinserción en la sociedad. «La condena fue confirmada de manera categórica, y su situación actual pone en evidencia que no está apto para estar en libertad», concluyó Gallego.

La condena a 15 años de prisión del cura se conoció el 10 de junio de 2009, luego de nueve meses de debate y el testimonio de 130 testigos. Grassi había llegado imputado por 17 hechos, pero los jueces lo encontraron “autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y de la guarda del menor víctima, reiterado en dos hechos, en concurso real entre sí, que a su vez concurren formalmente con corrupción de menores agravada por su condición de encargado de la educación y de la guarda”. 

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